La rigidez laboral busca equidad social, pero asfixia el presupuesto de la clase media y frena la iniciativa emprendedora.
El endurecimiento de las regulaciones laborales para el empleo del hogar y el emprendimiento puede interpretarse como un intento de combatir la precariedad y el clasismo, buscando dignificar derechos básicos. No obstante, para la clase media, esto supone un incremento de costes y burocracia que dificulta el acceso a servicios de cuidados, tradicionalmente esenciales para la conciliación. En paralelo, los pequeños emprendedores enfrentan barreras de entrada similares, donde la rigidez normativa puede asfixiar la iniciativa privada ante la falta de incentivos. Este escenario genera una tensión entre la justicia social pretendida y la viabilidad económica de los hogares y pequeños negocios. El resultado suele ser un desplazamiento hacia la economía informal o una reducción drástica de la contratación formal en estos sectores.
¿ATAQUE AL CLASISMO DIFICULTANDO LA CONTRATACIÓN DE TRABAJO DEL HOGAR POR LA CLASE MEDIA Y COMPLICANDO LA INICIATIVA DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES?
Un Análisis Jurídico-Económico sobre el Empleo Doméstico y el Pequeño Emprendimiento en España
En el marco de un Estado social y democrático de Derecho, las políticas públicas orientadas a dignificar el trabajo y reducir la desigualdad constituyen un pilar fundamental. Normativas como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y las sucesivas actualizaciones del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, buscan consolidar un mercado laboral más justo y equitativo. Sin embargo, la implementación de estas políticas, especialmente a través de instrumentos como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y una creciente carga regulatoria, puede generar efectos adversos que merecen un análisis profundo.
Este artículo examina dos áreas interconectadas donde esta paradoja se manifiesta con especial crudeza: el empleo doméstico y el pequeño emprendimiento. Se argumenta que, a pesar de sus nobles objetivos, ciertas medidas regulatorias están obstaculizando la creación de empleo formal y desincentivando la iniciativa empresarial de la clase media, lo que podría derivar en una peligrosa "igualación por abajo" en lugar de promover una movilidad social ascendente.
1. El Empleo Doméstico: Entre la Dignificación y la Inviabilidad Económica
La equiparación de los derechos de las trabajadoras del hogar con los del resto de los trabajadores por cuenta ajena es una exigencia ética y una obligación jurídica ineludible, enraizada en el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el Artículo 4 y el Artículo 17 ET. La regulación de esta Relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, ha avanzado significativamente en este sentido.
No obstante, el impacto económico de esta equiparación ha sido notable. Los sucesivos incrementos del SMI, junto con las cotizaciones a la Seguridad Social y otros costes laborales, han transformado la contratación de una empleada del hogar de un servicio accesible y necesario para la conciliación de la vida laboral y familiar, a un lujo inasumible para muchas familias de clase media.
Es crucial diferenciar la naturaleza jurídica y económica del empleador: mientras una empresa opera con ánimo de lucro y puede repercutir los costes laborales en sus precios o ajustar su estructura productiva, un hogar es una unidad familiar sin fines lucrativos. Para estas familias, cada coste laboral representa una carga directa sobre su economía. Esto se agrava con la asunción de costes inherentes a la contratación formal, como el riesgo de una incapacidad temporal de la trabajadora o el coste de los periodos vacacionales retribuidos.
A esto se suma la obligación de conceder los diversos permisos remunerados que, si bien son conquistas sociales indiscutibles, suponen un coste directo para el empleador. El Artículo 37 ET establece, entre otros:
Quince días naturales por matrimonio o registro de pareja de hecho.
Cinco días por accidente o enfermedad grave de un familiar.
Dos días por fallecimiento de un familiar.
Permisos para el cuidado del lactante, entre otros.
Para una empresa, estos costes se integran en su estructura operativa. Para un hogar, cada permiso implica mantener el salario y las cotizaciones sin recibir el servicio, lo que agrava la carga económica y la percepción de que la contratación formal es inviable.
El resultado, como indican los datos, es devastador: una pérdida de cerca de 80.000 empleos formales en el sector en los últimos años. Esta destrucción de empleo formal fomenta un trasvase masivo hacia la economía sumergida, donde las trabajadoras pierden el acceso a derechos fundamentales como la protección por desempleo, las cotizaciones para la jubilación y la cobertura frente a accidentes, perpetuando la precariedad que la norma pretendía erradicar.
2. El Pequeño Emprendimiento: Barreras Regulatorias a la Movilidad Social
La capacidad de la clase media para iniciar y mantener pequeños negocios es un motor clave para el dinamismo económico y la movilidad social. Sin embargo, una creciente carga regulatoria y burocrática actúa como un desincentivo sistémico.
Normativas como la prevención de riesgos laborales o el Criterio Técnico OE ITSS nº 101/2019 sobre actuación de la Inspección de Trabajo y S.S en materia de registro de Jornada, representa una barrera considerable para autónomos y pequeñas empresas que carecen de los departamentos de recursos humanos o asesorías jurídicas de las grandes corporaciones.
Cuando las políticas públicas elevan los costes de contratación y la complejidad de la gestión sin ofrecer un apoyo proporcional, se ahoga la iniciativa privada. Si solo las grandes corporaciones pueden permitirse cumplir la norma, se limita la competencia y se perpetúa una estructura económica donde el emprendimiento se reserva a unos pocos, frenando la movilidad social.
3. Perspectiva Jurídica: El Principio de Proporcionalidad en la Balanza
Desde una perspectiva jurídica, toda medida que imponga cargas o limite derechos debe respetar el principio de proporcionalidad. Esto implica que debe ser idónea, necesaria y equilibrada para alcanzar un fin legítimo. Aunque la dignificación laboral es un objetivo loable, cabe preguntarse si la aplicación uniforme de incrementos de costes y cargas burocráticas a realidades económicas tan dispares como una gran empresa y un hogar o un pequeño autónomo es una medida proporcionada.
La jurisprudencia, como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº 800/2016, muestra cómo los tribunales analizan la "razonabilidad de la decisión extintiva" en función de la situación económica real de la empresa, reconociendo que las decisiones de gestión deben tener un fundamento objetivo. Si bien el control judicial no entra a valorar la oportunidad de las decisiones empresariales, sí exige una conexión lógica entre la causa alegada y la medida adoptada. Extrapolando este razonamiento, una regulación que impone costes que un sector del mercado —como los hogares— no puede absorber de manera sostenible, podría considerarse desproporcionada por sus efectos contraproducentes.
Hacia una Regulación Inteligente y Sostenible
Las políticas laborales deben ser evaluadas por sus resultados, no solo por sus intenciones. La asfixia regulatoria que afecta al empleo doméstico y al pequeño emprendimiento plantea una pregunta incómoda: ¿responde a un objetivo no declarado de "igualación por abajo", eliminando estas formas de empleo para atajar el clasismo? Si es así, el resultado es la destrucción de riqueza y oportunidades para la clase media.
Una política verdaderamente progresista no es la que dicta leyes imposibles de cumplir para una parte significativa de la sociedad, sino la que garantiza derechos que el mercado puede absorber de forma sostenible. La solución no pasa por renunciar a la protección social, sino por diseñar una regulación inteligente y proporcional. Esto implica explorar soluciones adaptadas como:
Bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para el empleo en el hogar, reconociendo su naturaleza no lucrativa.
Simplificación administrativa real y efectiva para autónomos y pymes.
Ayudas directas que fomenten la contratación formal en lugar de penalizarla.
El desafío es diseñar un marco normativo que, sin renunciar a la protección de los trabajadores, fomente un entorno donde la creación de empleo formal sea viable y el emprendimiento una opción realista para la clase media, evitando así perpetuar la precariedad que se busca erradicar.
Virginia López Bello
Abogada
